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Prácticas de “dumping” en el transporte

ARTÍCULO DE OPINIÓN por SEBASTIÁN REYNA.-

La imparable carrera que ha tomado el precio del barril de petróleo, hoy a 130dólares, pero posiblemente alcanzando los doscientos en un breve plazo de tiempo, está poniendo sobre el escenario económico y social muchas contradicciones y previsiones nada halagüeñas. No podemos olvidar que la peor recesión de nuestra economía moderna se conoció a partir del año 1973, precisamente por consecuencia de la escalada de los precios del combustible. En esta fase y hasta ahora en el entorno europeo este efecto ha sido compensado con la fuerte posición del euro sobre el dólar, moneda en la que se hacen la gran mayoría de transacciones de estos productos, pero el valor absoluto del petróleo ya no compensa la diferenta de valor entre ambas monedas.

Por otra parte, la fuerte presión impositiva sobre los precios del gasoil en su distribución minorista, agravada por impuestos locales, como el céntimo sanitario, debido a su fácil gestión y recaudación, está produciendo un efecto inevitable en la inflación general de los países de la UE, y de forma particular en España, país en el que la intermediación reina por sus fueros en todos los órdenes económicos, pero en especial en el transporte. Estancamiento económico, unido a galopante inflación, nos anuncia un escenario de posible estanflación que ya preveía el Comisario Económico de la UE, Joaquín Almunia, hace escasos meses.

Pero más allá del análisis macroeconómico, que otros mejores analistas nos expondrán en el futuro, nos preocupa ahora de forma particular el efecto que esta subida de los combustibles, y en especial del gasoil, que por primera vez supera los precios de la gasolina, está produciendo en la actividad de los profesionales del transporte, autónomos y microempresarios, más de cuatrocientos mil en nuestro país, y que conforman una red imprescindible en el funcionamiento normal de nuestra economía productiva y de consumo.

Inevitablemente, los transportistas deben aplicar los nuevos costes a sus tarifas para poder compensar los gastos y asegurar sus rentas finales, de lo contrario se estaría trabajando por debajo de coste. Sin embargo, esta operación no resulta en absoluto fácil. Más del noventa por ciento del mercado del transporte por carretera está en manos de determinados cargadores que son a su vez los que subcontratan el servicio a los autónomos, el cuasimonopolio de la intermediación impone la condición de precio a los transportistas finales.

Las tarifas generales se pactan para periodos largos, acordándose cláusulas de actualización, según las condiciones de precios del combustible y otros “imputs”, pero la aplicación de estas cláusulas dependen de la interpretación de quiénes mantienen el control de precios y de la contratación, es decir los intermediarios.

La vigente Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en vigor desde junio de 1987, establece en su artículo 19 la necesidad de que las tarifas del transporte público y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte cubran la totalidad de los costes reales en condiciones normales de productividad y organización, y permitan una adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial, añadiendo a continuación que la estructura tarifaria se configurará de forma que fomente la inversión, la seguridad y la calidad.

Sin embargo, estamos muy lejos del cumplimiento del mandato legal. La realidad es que los cargadores obvian la actualización de las tarifas para los transportistas finales, mientras que aplican nuevos precios a sus clientes, de esta forma cargan sobre las espaldas del transportista el peso de la crisis, mientras el consumo sigue viéndose afectado por la subida de precios final, y sólo hay unos beneficiarios, el intermediario y la intermediación, el especulador y la especulación.

Estas prácticas de dumping, que obligan a la contratación por debajo de coste, con posición dominante en el mercado, no sólo están prohibidas por la Ley del Transporte, sino también por todo el entramado legal de defensa de la competencia. Sin embargo, se siguen produciendo, ante una Administración del transporte que hace dejación de sus funciones de control de la obligación legal de perseguir estos comportamientos tan negativos para los trabajadores, pero también para el mercado.

La diseminación del sector obstaculiza la respuesta ante estas prácticas y cuando esta se da, los monopolios de carga acuden a la contratación de transportistas de terceros países, incluso no comunitarios, que pueden afrontar los bajos precios, con mayores horas de trabajo y esfuerzo personal. De esta forma nos encontramos no sólo con un problema económico, sino también de seguridad vial y cumplimiento de las normativas de tráfico. Mientras tanto el consumidor sigue pagando precios que multiplican por doscientos o más los precios en origen para sufragar los beneficios incontenibles de la intermediación.

Cuando se habla en general de reformas estructurales, ésta puede ser la de mayor trascendencia. Mejorar las prácticas del transporte sería un paso de gran importancia para eliminar condiciones de oligopolio de la distribución de productos básicos y poner barreras de entrada al fantasma de la inflación que nos amenaza.

Artículo de Sebastián Reyna. Secretario General de UPTA España y miembro del Consejo Editorial de “El Economista”.-

Un Saludo
J. Fermín Royo
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